Carlos Eduardo Pérez Ventura: LA CORRUPCIÓN LE CUESTA A LOS MEXICANOS, I.5 BILLONES DE PESOS

POR: VÍCTOR MARTÍNEZ FRAGOSO

COACALCO, Méx.-De acuerdo con el informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el CEESP sostiene que la corrupción le cuesta a nuestro país cerca de 1.5 billones de pesos, equivalente a 10% del PIB. Y según los autores del estudio, no existen marcadas diferencias entre los resultados obtenidos para la primera edición de Anatomía de la Corrupción y esta segunda entrega del estudio.

El presidente de la Red Nacional CEO, licenciado Carlos Eduardo Pérez Ventura, señaló que la Encuesta sobre Delitos Económicos 2017 de PwC, indica que los delitos económicos en las empresas continúan creciendo, a la vez que los controles corporativos se mantienen estancados: 37% de las empresas encuestadas reportó haber experimentado algún crimen económico en los últimos 24 meses, pero sólo 48% de los delitos económicos se detectó a través de los departamentos de control de las empresas.

Indicó que los dos principales delitos económicos dentro de las compañías, de acuerdo con la encuesta de PwC, son el fraude en compras (procesos de selección y contratación de proveedores) y el fraude contable, que incluye la manipulación de estados financieros para mejorar las cifras o la manipulación de la información interna, de acuerdo con el informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Comentó que el 44% de las empresas en México, realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos, de acuerdo con la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG. Las principales razones por las cuales los empresarios dicen haber tenido que hacer un pago de este tipo es: para agilizar trámites, obtener licencias y permisos, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en licitaciones.

Explicó que el 82% de los 50 encuestados en México, está de acuerdo con que las prácticas corruptas suceden ampliamente al hacer negocios en nuestro país, según la 14 Encuesta Global de Fraude, publicada por Ernst & Young en el 2018, que incluyó entrevistas a 2,825 ejecutivos de 62 países. Solamente 30% de los encuestados dice conocer el marco regulatorio en materia de corrupción mientras que 49% afirma desconocerlo y 16% los conoce sólo parcialmente, aunque la ignorancia no exime de responsabilidad.

Reiteró que el ciudadano de a pie, también es un agente fundamental dentro del fenómenos de la corrupción. Sin embargo, al analizar a sus círculos cercanos, como familiares, vecinos o compañeros de trabajo, los mexicanos no los consideran corruptos, ya que 77% piensa que sus familiares no le entran a la corrupción y 68% que sus vecinos también son inmunes a esa conducta.

El Líder Social Pérez Ventura, dijo que ocho de cada 10 mexicanos, consideran que la responsabilidad de acabar con la corrupción y de sancionarla es del gobierno, es en el sector público donde los encuestados señalan que existe la mayor corrupción y señalan que el gobierno, junto con los partidos políticos, son las instituciones que menos ayudan a combatirla, de acuerdo con la Encuesta de Corrupción y Cultura de la Legalidad elaborada por la UNAM.

Afirmó que aunque México cuenta con buenas calificaciones en ámbitos, como el tamaño del mercado, 5.6 sobre 7 o el ambiente macroeconómico 5.0, tiene una calificación reprobatoria (3.3) con respecto a su “desempeño institucional”. Este pilar hace referencia al marco administrativo y legal dentro del cual los individuos, las empresas y el gobierno interactúan económicamente y la baja calificación significa que este marco está perjudicando la competitividad del país”.

Destacó que aunque no es posible establecer el costo que tiene la corrupción en nuestro país, con respecto al PIB, varios organismos han hecho aproximaciones para calcular esta proporción. De acuerdo con Ary Naim, gerente general para México de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la corrupción equivale a 9% del PIB. En el mismo sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que la corrupción en México cuesta relativamente cinco veces más que a nivel mundial y la sitúa en 10% del PIB nacional.

Argumentó que a pesar de que la lucha contra la corrupción y la impunidad forma parte de todos los discursos y ofertas políticas de los partidos y gobernantes, ninguno ha mostrado un compromiso real con la disminución de esta práctica. Sigue prevaleciendo entre ellos la costumbre de abusar del poder político para beneficio personal y, después de abusar, la práctica de sustraerse a la justicia”; sin embargo, no sólo las entidades gubernamentales han desechado realizar acciones efectivas en contra de la corrupción y sus consecuencias.